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La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento seis informes de fiscalización

Viernes, 30 Septiembre, 2016
Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias

Rafael Díaz expuso las fiscalizaciones de la Universidad de La Laguna, del Sector Público Local, de las Encomiendas de Gestión, de las Sociedades Mercantiles de los Cabildos Insulares y sobre el saneamiento del agua por parte de las entidades locales

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy viernes, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, seis informes de fiscalización, entre ellos, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna, después de que fuera aprobado por unanimidad de los miembros del pleno del órgano fiscalizador.

De acuerdo con las conclusiones del informe, la ULL no dispone de una programación plurianual con la evaluación de sus gastos e ingresos correspondientes, tal y como sugiere la Ley General Presupuestaria. El presupuesto para el ejercicio 2014 ascendió a 169,6 millones de euros, lo que supone una disminución de un 2,7% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto de ingresos alcanzó un grado de ejecución de un 88,1% y el de gastos de un 87,2%, superior en ambos casos al grado de ejecución alcanzado en 2013.

En este contexto, la Audiencia de Cuentas recomienda a la Universidad que realice las gestiones oportunas para que puedan contar con un sistema de contabilidad analítica definitivamente implantado para el próximo curso académico. También, expone que si bien es cierto que la Universidad para desarrollar su actividad, no ha de renunciar a contar con los recursos que tienen su origen en el sector público en su condición de parte integrante del mismo, sería recomendable  que estos recursos se pudiesen  incrementar con otras fuentes de financiación, para lo que se deberían habilitar los mecanismos necesarios que permitiesen su captación para aumentar la cifra total del presupuesto con el que ha de contar la Universidad.

Otras fiscalizaciones

Rafael Díaz también expuso los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio 2013 del sector público local, sobre las Encomiendas de Gestión, la fiscalización de las sociedades mercantiles de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y, finalmente, sobre el saneamiento del agua por parte de las Entidades Locales.

Con respecto a la fiscalización sobre el sector público local, dadas las limitaciones del aparato administrativo de muchos ayuntamientos, la ACC recomienda a los cabildos insulares que adopten las medidas oportunas a fin de prestar el correspondiente asesoramiento en el orden económico, jurídico y procedimental administrativo. También que aquellas entidades que durante un largo período de tiempo después de su creación no hayan iniciado su actividad, o bien ya hayan dejado de ser operativas, deberían plantearse la necesidad de su existencia e iniciar, si procede, los correspondientes trámites de disolución.

Sobre la fiscalización de las Encomiendas de Gestión de los ejercicios, el informe concluye que la Administración autonómica formalizó 234 encomiendas de este tipo por un valor total de 65,5 millones de euros, por lo que el órgano de control aconseja que en el expediente administrativo se justifique la eficacia y/o la carencia de medios por parte de la Administración para ejecutar la actividad, así como las mayores ventajas de su uso frente a otras alternativas.

Del informe de las Sociedades Mercantiles y Programas de Actuación, Inversiones y Financiación de los Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife, Rafael Díaz sugirió a las dos instituciones una mayor adecuación de las previsiones a fin de obtener menores desviaciones con respecto a los resultados. Así como que se tomen las medidas oportunas que garanticen tanto los niveles de solvencia, de liquidez, de equilibrio financiero como los niveles de endeudamiento óptimo.

Finalmente, se expuso la fiscalización del saneamiento del agua por parte de las Entidades Locales. En este caso, se recomienda disponer de un Plan Director del servicio de alcantarillado.

Por otra parte, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Marco del Agua, se aconseja adaptar significativamente los costes del servicio y, en consecuencia, los precios que han de pagar los ciudadanos, todo ello en aras de la recuperación de los costes.  Y también se sugiere definir con claridad la repercusión de costes de los distintos servicios (alcantarillado, depuración, reutilización) y según los distintos usos del agua (doméstico, comercial, industrial y servicios públicos).​