El acto se celebró ayer en Madrid presencial y por videoconferencia y asistieron por parte de la Audiencia de Cuentas su presidente, Pedro Pacheco González, y la jefa de Servicio de Prevención de la Corrupción.
El proyecto de la Estrategia Nacional de la lucha contra el Fraude en España ha sido dirigido por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Administración General del Estado, financiado por la Comisión Europea y ha contado con la colaboración de la OCDE. La culminación de este proceso ha supuesto la adopción de la propuesta del primer sistema integrado en nuestro país para luchar contra el fraude e incluye una serie de metas estratégicas, objetivos, indicadores y pautas de seguimiento y evaluación para su implantación.
Como novedades más significativas del sistema se incluyen el enfoque integral a través de un sistema de integridad institucional de la Administración General del Estado, que ha sido recientemente aprobado y su aplicación a toda clase de financiación pública, con independencia de que los fondos tengan o no procedencia europea, así como su aplicación a todos los órganos de esa Administración.
Con este cierre se da cumplimiento al mandato de establecimiento de la estrategia anticorrupción previsto en la disposición adicional quinta de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como a los requerimientos que en igual sentido han realizado la Comisión Europea y el grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa.
La participación de la Audiencia de Cuentas de Canarias se enmarca en sus competencias de informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma.
A la presentación, que se realizó en la sede del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, acudieron también entre otros, distintos representantes de la Administración General del Estado, de las Agencias antifraude valenciana, andaluza y catalana, el Consello de Contas de Galicia, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión.
