Pedro Pacheco compareció en la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas el Parlamento de Canarias para presentar el informe de fiscalización sobre la estimación de los derechos de dudoso cobro por los ayuntamientos de entre 6.000 y 9.000 habitantes correspondiente al ejercicio 2022.
El informe, aprobado el 5 de diciembre de 2024 y remitido posteriormente al Parlamento, analiza la aplicación de la normativa en la determinación de estos derechos, cuya correcta estimación resulta esencial para garantizar que el remanente de tesorería refleje la situación financiera real de las entidades locales.
La fiscalización abarcó a los municipios de Arico, Moya, El Paso, Vega de San Mateo, La Aldea de San Nicolás, Firgas, Breña Alta y Tinajo. El objetivo fue verificar la razonabilidad de las cuantías estimadas y comprobar la uniformidad en la aplicación de los criterios establecidos, de conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su normativa de desarrollo.
Entre las principales conclusiones, el informe señala que todos los ayuntamientos fiscalizados aplican, al menos, los porcentajes mínimos legales en función de la antigüedad de la deuda. No obstante, la Audiencia de Cuentas detecta que, de forma generalizada, la estimación se realiza exclusivamente atendiendo a este criterio, sin considerar otros factores relevantes previstos en la normativa, como la naturaleza del ingreso, el importe, los porcentajes históricos de recaudación o la situación específica de los deudores.
Asimismo, se observaron diversas incidencias, entre ellas la falta de provisión de determinados derechos de dudoso cobro, discrepancias en el cálculo del remanente de tesorería y la inclusión indebida de derechos procedentes de transferencias de otras administraciones públicas. También se constató que todos los ayuntamientos mantenían, a cierre del ejercicio, derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a cuatro años, con niveles de recaudación muy reducidos.
En cuanto a la opinión, la Audiencia de Cuentas concluye que, con carácter general, los ayuntamientos cumplen los criterios y límites mínimos establecidos en la normativa. No obstante, los ayuntamientos de Arico y El Paso presentan incumplimientos significativos en los criterios utilizados para determinar los saldos de dudoso cobro.
El informe incluye varias recomendaciones orientadas a mejorar la gestión financiera municipal, entre ellas la necesidad de fijar de forma expresa los criterios de determinación de estos saldos en las bases de ejecución del presupuesto, reforzar los controles internos, revisar los derechos pendientes de cobro para depurar posibles saldos prescritos o incobrables, y evitar la inclusión de derechos procedentes de otras administraciones públicas que no deben considerarse de dudoso cobro.
Durante su intervención, el presidente de la Audiencia de Cuentas subrayó que la correcta estimación de estos derechos constituye “una de las decisiones financieras más importantes”, ya que influye directamente en la solvencia, la liquidez y la sostenibilidad financiera de las entidades locales, y contribuye a garantizar una imagen fiel de su situación económico-financiera.
