El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha presentado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento, tres Informes de Fiscalización:
– Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Gran Canaria, ejercicio 2019.
– Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Tenerife, ejercicio 2019.
– Fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes, ejercicio 2018.
El presidente ha expuesto en la Comisión la novedad que se produce en estos informes ya que hasta ahora la Audiencia ha tratado a los cabildos insulares y a los ayuntamientos en un mismo informe fiscalizando la cuenta general de cada uno de ellos y anexándolo al informe del Sector Público Local del mismo ejercicio. Al tratar las cuentas de 2019 se ha mantenido del Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2019 al que se anexan las fiscalizaciones de la cuentas tanto de Ayuntamientos como de los Cabildos, a la vez que se realiza una fiscalización más amplia y específica en cada Cabildo, realizándose por tanto un total de siete informes individuales.
El objetivo de estas fiscalizaciones ha sido comprobar realización de la cuenta conforme a la normativa y que se ha rendido a la Audiencia de Cuentas, así como en la aprobación del Presupuesto General y de su Liquidación. Asimismo se ha realizado un análisis de la información y documentación que se rinde a la ACC relativa al control interno, a los contratos formalizados y a los convenios celebrados en el ejercicio 2019.
Ambos Cabildos han obtenido un resultado presupuestario ajustado positivo, han disminuido su deuda por habitante y han presentado un remanente de tesorería positivo. Negativamente se destaca que ninguno de los dos cuenta con un plan de contratación tal como establece la Ley de Contratos del Sector Pública. En ambos casos se recomienda la aprobación de normativa interna que exija la petición de tres ofertas en la contratación menor.
Respecto al informe de fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes, ejercicio 2018, su objetivo era verificar si los contratos menores celebrados durante el ejercicio 2018 se han tramitado de conformidad con la normativa y procedimientos aplicables, y que este tipo de contratos, de carácter excepcional, no ha sido utilizado de forma indebida vulnerando los principios de buena gestión. Específicamente se comprobaron los límites cuantitativos y temporales del contrato menor, los posibles fraccionamientos, la excepcionalidad de su uso y los requisitos de su tramitación.
La fiscalización pone de manifiesto la existencia de múltiples incumplimiento de requisitos en los ayuntamientos analizados que justifican una opinión negativa de auditoría. Consecuencia de este incumplimiento y esta opinión negativa, se formulan una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de este sistema de contratación:
Se debería limitar la utilización de los contratos menores solo para satisfacer necesidades puntuales y esporádicas, concretas y perfectamente definidas, y urgentes. A sensu contrario no utilizarse para atender necesidades periódicas y previsibles.
Efectuar una adecuada elaboración de un plan anual de necesidades que posibilite planificar correctamente las contrataciones y programar los correspondientes expedientes de contratación con el fin de que éstos se ajusten a criterios de necesidad, oportunidad y eficiencia en la contratación.
Partir del estudio de la contratación menor de ejercicios anteriores para detectar las necesidades recurrentes y así acometerla por los procedimientos ordinarios.
Adoptar las medidas necesarias para publicar la información de contratación menor en el Portal de Transparencia y garantizar la fiabilidad de la remitida a la Audiencia de Cuentas.