Las IV Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, con más de 300 inscritos, se han celebrado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, organizadas por el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, dependiente de la Red Anagos, e impulsadas por la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, donde una veintena de expertos en la materia han abordado las claves de un modelo de contratación más ético que promueve una economía inclusiva y sostenible.
Entre los ponentes estuvo la jefa del Servicio de Prevención de la Corrupción de la Audiencia de Cuentas de Canarias, María Jesús Varona, con una larga experiencia en esta materia y disertó sobre la <<Planificación anual de los contratos>>.
El encuentro se ha centrado en dar un impulso a la creación de más oportunidades sociolaborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad a través de los contratos que licitan las administraciones públicas.
Con la organización de estas jornadas se pretende avanzar hacia el cumplimiento pleno y ético de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que obliga a la administración a reservar parte de las compras y contrataciones a empresas sociales, así como a la incorporación de criterios medioambientales y sociales en licitaciones públicas.
«Algo que actualmente no se cumple ni remotamente», según afirmó Carlos Estévez, director de Red Anagos y responsable del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias. «Apenas se superan los 800.000 euros en contratos a empresas sociales, cuando si se cumpliera lo acordado solo por el Gobierno de Canarias, y sin contar con lo del resto de administraciones, la cifra rondaría los 70 millones de euros anuales».
Las jornadas, que también pudieron seguirse online, se dirigieron al personal de las administraciones públicas y de empresas sociales, responsables de políticas públicas, estudiantes, profesionales del sector privado y cualquier persona con interés en la contratación pública transparente y sostenible.
