La Audiencia de Cuentas ha celebrado, telemáticamente, sesión plenaria extraordinaria en la que se ha aprobado, como único punto del orden del día, el Informe de fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en los diez municipios de población superior a 50.000 habitantes a 1 de enero de 2023, así como los cabildos insulares. El ámbito temporal ha abarcado el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2025. Esta fiscalización se ha realizado con el Tribunal de Cuentas y el resto de los OCEX.
La conclusión general es que no se ha producido la implantación de ninguna ZBE en los municipios, ya que ninguno de los analizados, había establecido una ZBE antes del ejercicio 2023, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
A 31 de marzo de 2025, cuatro de los diez ayuntamientos analizados no habían iniciado ningún trámite para el establecimiento de sus respectivas ZBE, justificando la falta de implantación principalmente en la insuficiencia de recursos humanos, pero también en recursos financieros y la no superación de los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la normativa. Total así, el 50 % de los ayuntamientos analizados han aplicado medidas dirigidas a la reducción del volumen de emisiones contaminantes, especialmente, acciones vinculadas al tráfico rodado, sobre que existe el acuerdo de que es la principal causa de la contaminación. Además, en Canarias, según el Informe de la Calidad del Aire del ejercicio 2024 ninguna zona en dicho año ha superado el valor límite legal establecido de ningún contaminante del aire, dejando al lado los episodios de aire saharianos.
No consta la adaptación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible a la regulación de establecimiento de la ZBE en el caso de tres ayuntamientos, obligatorio con el Real Decreto 1052/2022. También en tres ayuntamientos las áreas incluidas en las ZBE no coinciden con aquellas en las que se concentran los desplazamientos más recurrentes y significativos.
Las medidas que se prevén adoptar para mejorar la calidad del aire se centran, en todos, en acciones destinadas a promover el transporte público, fomentar el uso de la bicicleta mediante la ampliación de la red de carril bici, incentivar la compra de vehículos eléctricos o híbridos y la creación de más zonas verdes.
Todos los ayuntamientos han establecido en sus proyectos de ZBE excepciones a las restricciones o prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, coincidiendo en las excepciones a los residentes, propietarios de plazas de aparcamiento en el interior de la ZBE, vehículos de carga y descarga, ambulancias, coches de policía, vehículos con distintivo de movilidad reducida, vehículos que prestan servicios públicos como limpieza o retirada de residuos y vehículos de transporte público.
La actuación de los cabildos insulares se ha centrado en medidas que favorecen el transporte activo-saludable, el transporte público y la movilidad eléctrica para reducir la dependencia del vehículo privado en todo el territorio insular y disminuir la emisión de gases contaminantes.
Como recomendación principal hay que destacar la conveniencia en trabajar más en la comprensión y aceptación por parte de la ciudadanía mediante acciones de difusión que pongan en valor los beneficios que, para la salud pública, tiene la implantación de las ZBE.
