El encuentro se celebró el pasado viernes, 12 de noviembre, en la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, que actuó de anfitriona, y en la que participó el presidente y el Servicio de Prevención de la Corrupción de la Audiencia de Cuentas de Canarias junto a: la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Cuentas de Galicia, los Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, la Oficina Antifraude de Cataluña, la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Andalucía, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. Por parte de la Administración General del Estado asistió la Auditora Jefe de Equipo en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General del Estado y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
En la reunión se pusieron en común las aportaciones de las distintas organizaciones respecto a los aspectos en los que la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, va a ser de aplicación directa incluso si no se ha traspuesto a derecho interno su contenido el próximo 17 de diciembre.
Se comenzó a elaborar también un catálogo de derechos de la persona alertadora, que son de aplicación inmediata a partir de esta fecha y de cuyo contenido se dará publicidad por las distintas entidades
