Esta directiva de 2019, conocida como de protección de los alertadores, persigue establecer las vías de denuncia de irregularidades en la aplicación del derecho comunitario y ofrecer un estatuto específico de protección de las personas que las pongan en conocimiento de las autoridades.
Las Administraciones Públicas y las entidades en general tendrán que establecer un buzón interno de denuncias, así como integrar la protección de los denunciantes y la prohibición de represalias por este motivo. España ha de transponer su contenido al derecho interno a más tardar el 31 de diciembre de 2021 pero puede ir más allá de lo previsto en ella, ampliando la cobertura de la protección de los denunciantes a más áreas de las que prevé la propia Directiva.
Con objeto de tratar este tema, el día 3 de noviembre se celebró, mediante videoconferencia, una sesión de la Red de oficinas y Agencias Anticorrupción en la que participa la Audiencia de Cuentas de Canarias junto a: la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Cuentas de Galicia, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, la Oficina Antifraude de Cataluña, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en las Islas Baleares y la Oficina por la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona. Por parte de la Administración General del Estado asistió la subdirectora del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Se puso de manifiesto la experiencia y diversidad de regulaciones posibles para dar contenido a la Directiva y la necesidad de modificar diversas leyes para acomodar el encaje del denunciante a las exigencias comunitarias.
El 4 de noviembre tuvo lugar una reunión telemática entre los participantes de la Red de Oficinas y Agencias Anticorrupción con el Subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno y altos cargos del ministerio, encargados de proponer la regulación española y que debe acabar su labor antes del 2 de diciembre de este año.
En dicha reunión se han expuesto las distintas experiencias e informaciones de las que disponen los miembros de la Red, y se ha ofrecido la mayor colaboración al grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta. El Ministerio agradeció la disposición de las integrantes de la Red y se acordó además la apertura de un canal de intercambio de información y colaboración fluido para concretar los aspectos técnico-jurídicos de las modificaciones de las normas.
La Audiencia de Cuentas de Canarias participa en estos foros en virtud de las competencias de prevención de la corrupción que se incorporaron en 2017 por ley del Parlamento de Canarias 5/2017, de 20 de julio.
