El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha presentado, en la mañana de hoy, en la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias, el informe de prevención de la corrupción Programar la Contratación: una mejora pendiente en todas las administraciones públicas canarias.
Al finalizar la exposición el presidente contestó a las preguntas y dudas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios.
Durante su intervención, Pedro Pacheco explicó que se trata de un informe de prevención de la corrupción aprobado el 27 de febrero de 2024. El trabajo analiza la consignación de los datos de programación que deben constar en la plataforma de contratación del sector público, así como la constancia de la programación contractual en los respectivos portales de transparencia. Para ello, se ha analizado el grado de cumplimiento de la obligación de la programación contractual, la calidad de la información contenida en la programación contractual, la tipología de contratación administrativa y la ejecución de los capítulos presupuestarios
El informe se centra en el ejercicio 2022, considerado el año con mejores resultados dentro de la serie analizada (2020-2022), y abarca un total de 819 órganos de contratación del sector público canario. Para su elaboración se utilizaron, entre otras fuentes, los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), ante las deficiencias detectadas en la rendición de relaciones de contratos a los órganos de control externo.
En cuanto a las alegaciones recibidas, el presidente señaló que se formularon diez, de las cuales en solo dos se aportaba información nueva que permitiera modificar el informe.
Entre las principales conclusiones, el informe pone de manifiesto que el cumplimiento de la obligación de programar la contratación sigue siendo muy reducido, ya que solo el 7 % de los entes obligados realizaron programación en 2022. En la Administración autonómica, únicamente el Servicio Canario de la Salud presenta una planificación sistemática, mientras que en el ámbito local la práctica se concentra principalmente en cuatro cabildos insulares y tres ayuntamientos y una sociedad mercantil municipal, pero ninguna de las entidades incorpora todos los contenidos que requiere una programación. A nivel autonómico solo se encuentran 25 programaciones y a nivel local 29.
Asimismo, se constata que la programación no siempre se formula con carácter previo al ejercicio correspondiente, que los contenidos publicados no cumplen los mínimos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público y que el contrato menor sigue siendo el procedimiento más utilizado, representando alrededor del 60 % del número total de contratos.
El presidente de la Audiencia de Cuentas subrayó también la falta de coincidencia entre el ciclo presupuestario y el contractual, así como las deficiencias en la rendición de información contractual por parte de las entidades locales.
Finalmente, el informe formula una serie de recomendaciones, entre las que destacan la necesidad de centralizar y clarificar la publicación de la programación en los perfiles de contratación, el refuerzo normativo de la obligación de planificar a nivel autonómico, la definición clara de los contenidos a publicar y la incorporación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la ejecución de la programación, como herramienta de mejora del autocontrol y de la rendición de cuentas.
