La Audiencia de Cuentas constata que las subvenciones directas del Gobierno de Canarias representaron el 47 % del total de las ayudas, más de 320 millones de euros
La Audiencia de Cuentas aprecia un grado desigual de implantación de los sistemas internos de información para la protección de informantes en los cabildos insulares y destaca la necesidad de reforzar la cultura de integridad y prevención de la corrupción
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, compareció esta mañana ante la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias para presentar dos informes: el informe de recomendación sobre la implantación de los sistemas internos de información en los cabildos insulares, una actuación incorporada al Plan de Actuaciones de 2024 y aprobada el 26 de diciembre del mismo año y un segundo informe de fiscalización de la legalidad de las subvenciones directas concedidas por el Gobierno de Canarias en 2022 una actuación incluida en el Plan de Actuaciones de 2025 y aprobada dentro del mismo ejercicio.
Durante su presentación Pacheco destacó que estos informes reflejan el compromiso de la institución con el cumplimiento de su planificación anual. «Los dos informes presentados hoy han sido incorporados y aprobados dentro del mismo ejercicio en el que fueron planificados, lo que evidencia el esfuerzo de la Audiencia por ejecutar su programación en los plazos previstos», señaló.
Durante su primera intervención, Pacheco explicó que la fiscalización de recomendación del sistema interno de información de los Cabildos Insulares se enmarca en las competencias que la Audiencia de Cuentas desarrolla en materia de prevención de la corrupción y tiene como objetivo verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
El presidente recordó que este trabajo completa la estrategia de fiscalización desarrollada por la institución sobre los sistemas internos de información en el sector público canario. Así, se suma a los informes ya realizados sobre la Comunidad Autónoma de Canarias, las universidades públicas y una muestra de ocho ayuntamientos —Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Cristóbal de La Laguna, Antigua, Agaete, Breña Alta y La Victoria de Acentejo—, cerrando el análisis de las principales administraciones públicas del Archipiélago.
Pedro Pacheco destacó que la Ley 2/2023 obliga a todas las administraciones públicas y a las entidades privadas de más de 50 trabajadores a disponer de un sistema interno de información que permita comunicar, de forma confidencial y con las debidas garantías de protección, posibles infracciones normativas o prácticas irregulares.
El objetivo de estos sistemas señaló, es que las propias organizaciones puedan detectar y corregir de manera temprana incumplimientos legales, reforzando la integridad institucional y favoreciendo una cultura de prevención de la corrupción. Para ello, la norma exige la aprobación formal del sistema por el órgano competente, la designación de un responsable con independencia y medios suficientes, la existencia de procedimientos documentados, la protección de la identidad del informante y la adecuada difusión del canal para garantizar su conocimiento y utilización.
La Audiencia de Cuentas realizó este informe mediante cuestionarios remitidos a los cabildos insulares, la verificación de la información publicada en sus páginas web y portales de transparencia y un proceso de contraste y asesoramiento con las propias instituciones.
Como resultado de esta evaluación, el informe concluye que los cabildos de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura manifiestan haber avanzado en la implantación de los procedimientos previstos en la ley, mientras que Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro reconocen no disponer aún de un sistema interno de información plenamente implantado.
Entre los casos analizados, el informe destaca al Cabildo de Fuerteventura como la administración con mayor grado de desarrollo, al contar con un marco normativo aprobado, un responsable designado, un procedimiento documentado y un canal accesible desde su página web, si bien todavía presenta margen de mejora en la difusión del sistema entre potenciales usuarios.
Como conclusiones el presidente expuso que el informe identifica un incumplimiento generalizado del plazo legal de implantación, fijado en el 13 de junio de 2023, así como diversas deficiencias comunes entre las corporaciones insulares.
Destacó la confusión existente entre los buzones antifraude vinculados a los fondos europeos Next Generation y los sistemas internos de información previstos por la Ley 2/2023; la ausencia de aprobación formal por los órganos de gobierno; la falta de designación del responsable del sistema; las carencias en accesibilidad y visibilidad de los canales; la insuficiente documentación de los procedimientos; y la escasa formación y difusión interna de estos mecanismos.
Asimismo, el informe advierte de que algunos cabildos limitan la presentación de comunicaciones exclusivamente por medios electrónicos, cuando la normativa exige admitir otras vías de presentación para garantizar la accesibilidad del sistema.
Recomendaciones
Como principal recomendación, la Audiencia de Cuentas insta a los cabildos insulares a culminar cuanto antes el desarrollo de su marco regulador interno y la implantación efectiva de los sistemas de información previstos por la Ley 2/2023.
Pedro Pacheco subrayó que estos instrumentos constituyen una pieza esencial de la infraestructura de integridad de las administraciones públicas, al favorecer la detección temprana de irregularidades, fortalecer la transparencia institucional y contribuir a la prevención de la corrupción mediante la protección efectiva de las personas que comunican posibles incumplimientos normativos.
El presidente de la Audiencia de Cuentas presentó, en su segunda intervención en la Comisión, el Informe de Fiscalización de la Legalidad de las Subvenciones Directas concedidas por los departamentos del Gobierno de Canarias durante el ejercicio 2022.
Este segundo informe, de naturaleza estrictamente jurídica, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las subvenciones directas concedidas por los departamentos del Ejecutivo autonómico. Para ello, analiza tanto la adecuación de los expedientes a la legislación vigente como la correcta imputación presupuestaria, el cumplimiento de los requisitos de publicidad, los procedimientos de comprobación y justificación de las ayudas, así como el seguimiento de aquellas subvenciones pendientes de justificar al cierre del ejercicio.
Las obligaciones reconocidas por subvenciones directas en 2022, ascendieron a 320,2 millones de euros, lo que representa el 47 % del total de las obligaciones reconocidas en materia de subvenciones.
Del importe total de las subvenciones directas, el 36 % correspondió a subvenciones nominadas incluidas en la Ley de Presupuestos, el 13 % a subvenciones establecidas por norma con rango legal distinta de la ley presupuestaria y el 52 % restante —165,4 millones de euros— a subvenciones concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario.
El presidente de la Audiencia destacó que, pese al carácter excepcional que la legislación atribuye a este procedimiento de concesión directa, más de la mitad de las ayudas concedidas por esta vía respondieron precisamente a esta modalidad basada en razones de interés público.
Conclusiones
Con carácter general, la fiscalización concluye que los procedimientos revisados se ajustan a la normativa vigente, comprobándose la competencia del órgano concedente, la existencia de los informes preceptivos, las autorizaciones exigidas y la adecuación formal de las resoluciones de concesión.
No obstante, el informe identifica diversas incidencias en varios expedientes, como la falta de autorización previa del Gobierno; la incorrecta calificación como subvenciones nominadas, la tramitación mediante fiscalización previa de cuatro expedientes que deberían de haberse sometido a control financiero permanente y la discordancia entre los expedientes contabilizados y los publicados en el BOC
Asimismo, falta de estampillado de facturas, heterogeneidad en los criterios aplicados para financiar costes de auditoría y gastos de personal, sin que exista una regulación homogénea que establezca límites o criterios comunes justificaciones fuera de plazo y concesión de prorrogas de justificación en excesivo número. Algunos de estos defectos se subsanarían si el departamento competente en materia de Hacienda desarrollara la orden prevista en el artículo 35 del Decreto de Subvenciones, destinada a fijar los criterios para la distribución de los costes generales e indirectos subvencionables, lo que contribuye a la disparidad de criterios detectada.
Finalmente, la Audiencia concluye que la mayoría de los departamentos carecen de una planificación anual para comprobar las subvenciones justificadas, siendo únicamente las consejerías de Hacienda y de Administraciones Públicas las que disponen de un plan específico de actuaciones de comprobación.
Durante la comparecencia, Pedro Pacheco recordó que la finalidad de este tipo de fiscalizaciones es contribuir a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, reforzando los mecanismos de control y mejorando la aplicación de la normativa en materia de subvenciones.
