El presidente de la Audiencia de Cuentas compareció ante la Comisión parlamentaria de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias para la presentación conjunta de dos informes de fiscalización: <<Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2020>> y <<Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, ejercicio 2020>> y contestar a las preguntas que le formularon los representantes parlamentarios.
Este tipo de presentación acumulada permite obtener una visión general de la gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos Canarios. Y más si lo relacionamos con informes anteriores de la ACC: <<Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018>>y <<Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018>>, ambos presentados por el presidente ante la anterior Comisión de Presupuestos y Hacienda.
Las principales conclusiones fueron:
Únicamente, 25 ayuntamientos y una Mancomunidad han aprobado normativa específica en materia de gestión de residuos, sólo 20 disponen de departamentos o unidades específicas encargadas de la gestión de los residuos, aunque 4 más poseen personal técnico con esa función junto con otras. Ninguno de los ayuntamientos disponía de Plan estratégico de prevención y gestión de residuos y solo 10 habían realizado un diagnóstico del estado de la gestión de los residuos. Ninguno contaba con Programas de gestión de residuos y sólo 34 han ejercido algunas medidas diversas, actuaciones de vigilancia, control e inspección.
El informe incorpora una serie de indicadores básicos de la recogida y tratamiento de residuos, entre los que se destaca la media de kilos de residuos generados por habitantes, en el ejercicio ascendió a 513,1 K., la media de gastos de recogida por tonelada de residuos, ascendía a 174,2 €, mientras que la media de coste de recogida por habitante asciende a 74,2 €. Es de destacar también que se detecta la disponibilidad por los ayuntamientos de una información muy reducida sobre las variables físicas y económicas, lo cual impide el seguimiento de su situación, la planificación de mejoras de gestión y hasta la definición de tarifas fundamentadas en criterios económicos, por tanto, desconocen aspectos sustantivos de la prestación del mismo y en consecuencia no hacen un seguimiento de la evolución de las variables básicas que caracterizan a cada una de las actividades que integran el servicio.
La Audiencia de Cuentas incorporó unas recomendaciones para contribuir a mejorar la gestión: mejora de medios humanos, cálculo efectivo de los costes con sus diferentes componentes y acometer una mejora de información sobre el proceso de recogida selectiva de residuos.
Después de la exposición del presidente y de los diputados se detectó una preocupación por el estado de la gestión de residuos y más teniendo en cuenta la reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incorpora importantes cambios en la gestión y responsabilidad de la gestión de residuos y que obliga a una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía.
Para más información se puede acceder a los informes aquí:
