La Audiencia de Cuentas detecta deficiencias en los sistemas internos de información de las universidades públicas y en la gestión de los inventarios municipales
La Audiencia de Cuentas constata una brecha entre la existencia de canales de información y su plena implantación en las universidades
Ninguno de los ayuntamientos fiscalizados de más de 75000 habitantes había inscrito la totalidad de sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, compareció ante la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias para presentar dos informes: el Informe de recomendación del Sistema Interno de Información de las Universidades Públicas Canarias y el Informe de Fiscalización de los inventarios generales de bienes y derechos de los ayuntamientos con más de 75.000 habitantes de Canarias, correspondiente al ejercicio 2022.
El primero de los informes, incorporado a la planificación de 2024 y aprobado el 26 de diciembre de ese año, se realizó en el marco de las funciones de prevención de la corrupción de la Audiencia de Cuentas y tuvo como finalidad verificar el grado de implantación de los Sistemas Internos de Información exigidos por la normativa sobre protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.
La actuación se integra en una revisión transversal desarrollada por la Institución sobre la implantación de esta obligación en las entidades públicas canarias. En este contexto, la Audiencia de Cuentas ya ha fiscalizado los sistemas de los cabildos insulares y de ocho ayuntamientos de diferente tamaño, además de analizar este mecanismo dentro del Sistema de Integridad Institucional del Gobierno de Canarias.
Pedro Pacheco explicó que todas las entidades públicas están obligadas a disponer de canales internos de información accesibles a las personas que mantienen algún tipo de relación con ellas. Estos sistemas deben garantizar, entre otros aspectos, la independencia y los medios del responsable, la existencia de un procedimiento de tramitación, la protección de las personas informantes, la confidencialidad y la protección de datos, así como una adecuada difusión y accesibilidad de los canales.
El informe constata que tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria disponían de un canal o Sistema Interno de Información, aunque presentan debilidades en los procedimientos, en la comunicación y en la determinación de los responsables. Ninguna de las dos universidades había establecido un sistema de protección de las personas informantes ni había realizado la consulta prevista con la representación del personal. Asimismo, aunque ambas contemplaban la posibilidad de comunicaciones anónimas, no disponían del formato necesario para garantizar plenamente dicha condición ni permitían comunicaciones verbales o mediante reunión presencial.
La Audiencia de Cuentas recomienda completar y ordenar los sistemas existentes para que puedan funcionar como verdaderos Sistemas Internos de Información y se integren como una pieza fundamental de los sistemas de integridad institucional de ambas universidades. Entre las medidas propuestas se encuentran la aprobación formal de los órganos de gobierno, la definición de un marco procedimental específico, la designación de responsables, la concreción de los ámbitos material y personal, la definición de medidas de protección de las personas informantes, la consulta a la representación del personal y el desarrollo de actuaciones de formación y difusión.
Como conclusión, el informe evidencia una brecha entre la existencia de canales de información y la implantación completa de los sistemas exigidos por la normativa. “La prevención de la corrupción exige algo más: que este sistema esté integrado en un marco institucional claro, con responsable, con procedimiento, con garantías, con protección y con formación y visibilidad”, señaló Pedro Pacheco.
El segundo informe presentado por el presidente de la Audiencia de Cuentas corresponde a la fiscalización de los inventarios generales de bienes y derechos de los ayuntamientos con más de 75.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2022.
La fiscalización ha tenido carácter operativo y de cumplimiento y pone de manifiesto determinadas deficiencias relacionadas con la formación, actualización y contenido de la información patrimonial obligatoria de los inventarios municipales.
La Audiencia de Cuentas constató importantes limitaciones al alcance en la totalidad de los municipios analizados. En Arona no se aportó el inventario del patrimonio municipal del suelo ni los correspondientes a organismos autónomos y una sociedad dependiente; en Las Palmas de Gran Canaria faltaba información completa de organismos y sociedades y algunos datos eran incompletos; Santa Cruz de Tenerife no remitió el inventario de un organismo autónomo; y Telde no aportó la información solicitada ni respondió a los requerimientos realizados.
Uno de los principales aspectos señalados por el presidente es la existencia de un problema de integridad del inventario general, que no debe limitarse a los bienes propios del ayuntamiento, sino que debe comprender la totalidad del ámbito institucional para garantizar sus efectos tanto para la ciudadanía como para la propia Administración en la gestión y defensa de su patrimonio.
Entre las principales conclusiones destaca que ninguno de los ayuntamientos había inscrito la totalidad de sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. La Audiencia de Cuentas subraya que esta inscripción no constituye una mera obligación formal, sino que aporta seguridad jurídica y contribuye a la defensa del patrimonio público frente a posibles actuaciones de terceros.
El informe señala cumplimiento general de las obligaciones de transparencia y respecto a los aplicativos de gestión de inventarios se indica que presentan un funcionamiento razonable, aunque existen diferencias en aspectos como la cartografía asociada, la integración con la contabilidad, la formación, la asistencia técnica y la seguridad. La Audiencia de Cuentas considera especialmente relevante la conexión entre el inventario y el sistema contable que solo funciona en dos de los ayuntamientos analizados.
La Audiencia de Cuentas recomienda la elaboración de manuales completos de gestión inventarial integrales a aquellos ayuntamientos que no cuentan con el mismo, actuar en la evaluación de los activos y actualización del inventario en los ayuntamientos que no lo mantienen, así como, especialmente, la inscripción registral.
Con la presentación de ambos informes, la Audiencia de Cuentas continúa profundizando en sus funciones de fiscalización, prevención y mejora de la gestión pública, poniendo el foco tanto en el fortalecimiento de los sistemas de integridad institucional como en la adecuada gestión, actualización y protección del patrimonio público.
