El presidente de la Audiencia de Cuentas presenta en el Parlamento el informe de fiscalización de la Cuenta General y destaca la necesidad de reforzar el control financiero permanente, la gestión de subvenciones y la ejecución de fondos públicos
Pedro Pacheco, compareció ante la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias del Parlamento para presentar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2024, un trabajo que constituye una de las actuaciones obligatorias incluidas anualmente en el Plan de Actuaciones del órgano fiscalizador.
Durante su intervención, Pacheco explicó que el informe fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Audiencia de Cuentas el 22 de diciembre de 2025, tras el análisis de 70 alegaciones formuladas por las entidades afectadas, de las cuales más de la mitad fueron aceptadas total o parcialmente.
La fiscalización realizada tiene carácter de regularidad e incluye el análisis de la legalidad y de la situación financiera del sector público autonómico. Su principal objetivo es verificar la rendición de la Cuenta General, la adecuación de su contenido a la normativa vigente, su coherencia interna y la correcta elaboración de la información económico-financiera presentada.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma es la representación de la gestión económica, financiera y presupuestaria de las entidades que componen el sector público autonómico elaborada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que lo integran. Tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades que la integran.
Para la ACC es una obligación anual ya que su ley reguladora le exige el examen y comprobación, por delegación del Parlamento, de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este examen lo realiza comprobando la adecuación de su estructura y contenido a la normativa que la regula, su coherencia interna respecto a las cuentas y estados que la integran y si su elaboración es conforme a la legalidad que le resulta aplicable. Asimismo, contiene un análisis general desde la perspectiva económico-financiera y del cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria.
El presidente destacó el importante esfuerzo realizado para completar la fiscalización dentro de los plazos legales, señalando que la Audiencia dispone de apenas tres meses efectivos para desarrollar este trabajo una vez rendida la Cuenta General. Asimismo, informó de la colaboración que mantiene la institución con el Tribunal de Cuentas para implantar un sistema de rendición telemática que facilite el tratamiento y análisis de la información contable.
Opinión favorable con salvedades
El informe incorpora una declaración sobre la Cuenta General que concluye con una opinión favorable con salvedades. Según explicó el presidente de la institución, las incidencias detectadas no afectan a la representatividad global de la Cuenta General, aunque sí ponen de manifiesto deficiencias relevantes que requieren medidas de corrección y mejora.
Entre las veinte salvedades incluidas en el informe figuran incumplimientos de los plazos de pago a proveedores, incidencias relacionadas con la rendición de contratos y de informes obligatorios, la presentación fuera de plazo de determinadas cuentas y la falta de rendición de la cuenta anual de VISOCAN.
La Audiencia vuelve a señalar, además, una limitación al alcance ya detectada en ejercicios anteriores relativa a la valoración del inmovilizado material e intangible de la Comunidad Autónoma y al registro de sus amortizaciones, una cuestión pendiente de regularización desde 2018.
Estas deficiencias se concretan en 66 conclusiones y las mejoras en cinco recomendaciones. Se destacan las más importantes:
El Control Financiero Permanente no incorpora los criterios de evaluación de riesgos para la determinación de las actuaciones a revisar y hecha la revisión no se extienden los resultados obtenidos a la totalidad de la gestión. No se completan la totalidad de las actuaciones previstas. Se detecta en este control un elevado índice de temporalidad en el personal que presta servicios en los departamentos del Gobierno.
El Remanente de Tesorería agregado de libre disposición, se ha mejorado en 624,2 millones de € en el año 2024, respecto del año 2023, alcanzando la cifra positiva de 10,4 millones de €. El Remanente de Tesorería de libre disposición de la Administración Pública de la CAC del ejercicio 2024, que fue de 520,6 millones de €, ha experimentado una mejoría considerable respecto de 2023 que arrojaba un importe negativo de -210,4 millones de €.
Aunque hay avances en la implantación del modelo de gestión por resultados, es necesario mejorar la definición de objetivos e indicadores, su gestión informática y fomentar la formación y cultura evaluadora en la administración pública. Además, se subraya la importancia de la coordinación entre las consejerías horizontales responsables.
El importe total del pendiente de cobro de ejercicios cerrados de los capítulos I a III asciende a 194,7 millones de € de los cuales 22,7 millones de € están en voluntaria correspondiendo más del 50 % (13,1 millones de €) a los ejercicios 2007 a 2018. Respecto a subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido con antigüedad anterior a 31 de diciembre de 2020 sobre las que no se ha resuelto el reintegro implican un riesgo de no recuperación de 110,6 millones de €. Por su elevada cuantía y por ello riesgo de gestión, se señalan las subvenciones a autónoma y empresas por la situación generada por la COVID. Relacionado con aspectos similares de gestión se informa de la poca actividad que se desarrolla sobre las recepciones de obras en las que se detectan incidencias.
La ejecución global de los proyectos financiados con los fondos Next Generation referentes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,24 % en 2024 frente al 37,73 % del ejercicio 2023. La ejecución del capítulo VI (inversiones reales) de la Administración de la CAC se ha situado en el 52,35 %, inferior al del ejercicio 2023 (58,53 %), muy por debajo de la media del resto de los capítulos de gastos. Aunque en ambos casos se ha incrementado el montante de los fondos a ejecutar.
A 31 de diciembre de 2024, los OOAA ICAVI, SCE, SCS e ICI tenían subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar con plazo vencido, concedidas hasta el 31 de diciembre de 2020, por importe de 228,4 millones de €,
El remanente de tesorería de libre disposición agregado es negativo por importe de -572,4 millones de €, como consecuencia del dato del SCS, por importe de -619,1 millones de €. El resto de los organismos cuentan con remanentes de tesorería positivos. En el caso de las Entidades Públicas es positivo y asciende a 62,2 millones de €, (56,3 en 2023).
Presentan nulidades: ICAVI, ICCA, SCE y el SCS, las Entidades Públicas las tienen en ACPMUN y ATC (pág. 144). Pero hay que destacar los gastos del SCS tramitados a través de expedientes de nulidad alcanzaron en 2024 la cifra de 574,6 millones de € (apartado 4.4.5) (pág. 164).
Al cierre del ejercicio 2024, la CAC incumple con el objetivo de la regla del gasto, por lo que se deberá ajustar a las medidas automáticas de corrección, contempladas en el art. 20, de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a la formulación y presentación de un plan económico-financiero conforme al art.21 de la misma Ley.
Actuaciones en materia de responsabilidad contable
Durante la comparecencia, el presidente informó también sobre la actividad desarrollada en el ámbito de la responsabilidad contable. Entre otros asuntos, destacó el archivo definitivo del procedimiento relacionado con determinadas ayudas COVID tras no haberse solicitado la continuación del proceso dentro del plazo legal establecido.
Asimismo, dio cuenta de la apertura de diligencias preliminares relacionadas con diversas incidencias recogidas en los informes de fiscalización, entre ellas determinadas actuaciones vinculadas a la recepción de obras públicas, subvenciones pendientes de justificar y expedientes relacionados con ayudas y compensaciones económicas.
Finalmente, Pedro Pacheco subrayó que el informe incorpora por primera vez un seguimiento sistemático del grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Audiencia de Cuentas en ejercicios anteriores, una herramienta que permitirá evaluar con mayor precisión la evolución de las medidas correctoras adoptadas por las entidades fiscalizadas.
