En la sede del Tribunal de Cuentas, su Presidenta y los presidentes de los OCEX han mantenido el día 26 de noviembre de 2019 una reunión de la Comisión de Coordinación de estas instituciones.
En la misma se han puesto en común las previsiones de los programas de actuación para 2020, que apuestan por fiscalizaciones receptivas a las demandas de la sociedad, a los entornos cambiantes y a los riesgos emergentes, al objeto de que sean relevantes y contribuyan a impulsar la mejora de la gestión de los fondos públicos. La transparencia, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la preparación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se integrarán como objetivos transversales en las fiscalizaciones. En este marco, se ha destacado la importancia de que se implante el seguimiento de las recomendaciones incluidas en sus informes, como vía de trabajo fundamental para contribuir a la mejora de la gestión pública.
Ya en el marco de colaboración, con la finalidad de continuar impulsando la aplicación de las tecnologías de la información a las actuaciones de control, se ha incidido en la conveniencia de la mejora continua de las herramientas electrónicas utilizadas en los procedimientos fiscalizadores y en sus propios procesos internos de gestión, para posibilitar un control más eficiente y eficaz. Se informó de las gestiones con la Plataforma de Contratación del Sector Público para la interoperabilidad de la misma con la actual Plataforma de Rendición Local, ampliando la misma al sector autonómico y complementándolas con una herramienta de fiscalización de contratos.
Han efectuado una valoración de la reducción de los niveles de rendición en plazo de las cuentas de las entidades locales correspondientes al ejercicio 2018; lo que también se produjo en ejercicios anteriores. Ante esta situación, se insistió en la necesidad de que se adopten medidas para activarla. Conseguir la plena rendición constituye una prioridad para las instituciones fiscalizadoras, ya que la misma no sólo constituye una obligación legal, sino de un deber básico para hacer efectiva la necesaria transparencia de la gestión y posibilitar el control, constituyendo su omisión un déficit democrático.
En la jornada también se examinó la situación en que se hallan las actuaciones que se están desarrollando en colaboración; entre otras, las fiscalizaciones coordinadas en el ámbito autonómico y local.
Igualmente fueron objeto de análisis otros ámbitos en los que estima podrían reforzarse la cooperación y la colaboración institucional; entre otras áreas, en materia de formación del personal, así como en el intercambio de experiencias y buenas prácticas de fiscalización. De esta forma se contribuirá a potenciar una red de conocimiento entre el personal de las Instituciones de control y a homogeneizar criterios, procedimientos y herramientas para el ejercicio de la fiscalización.