La participación del letrado del Tribunal de Cuentas Carlos Cubillo en esta jornada de trabajo es fruto de la estrecha colaboración y cooperación entre ambas instituciones de control
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), Rafael Díaz, inauguró hoy en el Parlamento de Canarias una Jornada sobre Responsabilidad Contable, dirigida a los técnicos y letrados del órgano de control externo y en la que se abordaron algunos supuestos y casos prácticos de gestión pública en los que existe peligro de responsabilidad contable.
Impartidas por el letrado del Tribunal de Cuentas Carlos Cubillo Rodríguez, durante las jornadas se dieron a conocer las exigencias legales para que exista responsabilidad contable, los tipos de responsabilidad contable y las circunstancias modificativas de la responsabilidad contable, entre otros asuntos.
De acuerdo con la Ley 7/88, de 5 de abril, se entiende por responsabilidad contable aquella que causa un menoscabo de los caudales públicos como consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del Sector Público.
Tal y como recordó Rafael Díaz, la celebración de esta Jornada es fruto de la colaboración y cooperación que preside las relaciones entre la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas y su desarrollo se enmarca en el Plan de Formación impulsado desde la Audiencia de Cuentas con el objeto de mejorar la eficacia del trabajo fiscalizador.
Carlos Cubillo ha compaginado su trabajo como letrado del Tribunal de Cuentas con la labor docente. Ha sido durante varios años colaborador en la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y en el Servicio de Publicaciones Europeas de la Comunidad Autónoma de Madrid, además de impartir multitud de cursos relacionados con el control de fondos públicos y de escribir numerosos artículos sobre la función y gestión de los Órganos de Control Externo, la corrupción en la vida pública, el delito contable o la responsabilidad penal de las personas jurídicas.